La formulación, implementación, gestión, monitoreo y evaluación de una política pública requieren que haya sistemas de información que permitan conocer la existencia de problemas, su extensión y el perfil de la población que se ve afectada. También, que brinde insumos sobre las características principales de los servicios que ofrecen respuestas a dichos problemas, respecto de dimensiones tales como condiciones de la infraestructura, equipamiento, personal que allí se desempeña y tareas que realiza, organización institucional y origen y magnitud de los recursos que administra.
En el caso de la política de servicios de educación y cuidado de la primera infancia, el desafío de contar con este tipo de sistemas es particularmente urgente. Salvo el informe que provee el Registro de Centros de Primera Infancia (REPI), que se creó a partir de la reglamentación de la Ley N° 26.233, de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil – CDI (2007), no se contaba hasta el presente con ningún sistema que permitiera disponer de información actualizada acerca de la cantidad de CDI, el número de niños y niñas que asisten ni el estado o la evolución del crecimiento y desarrollo de estos niños y niñas.
Teniendo en consideración lo anterior, las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, a través de la Subsecretaría de Primera Infancia (SSPI), solicitaron asistencia técnica al equipo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Argentina) y la cooperación técnica y financiera al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para diseñar un sistema de información que permita no solo tener una línea de base acerca de los CDI que tienen convenios con el Estado nacional sino también monitorear los cambios que se vayan produciendo, de modo que sea un instrumento útil para la programación y la gestión de la política pública a nivel nacional y de cada una de las jurisdicciones que tiene el país.
En este documento se presenta una versión abreviada de los hitos significativos que dieron origen al actual sistema en lo referido a: sus objetivos, la modalidad de diseño y los principales resultados que surgieron del uso inicial de la herramienta. Todas ellas dimensiones necesarias para garantizar la sostenibilidad y continuidad de la actual propuesta. El fin último de todo este proceso es el de contribuir con herramientas de gestión que permitan al Estado asegurar su rol de garante del derecho al desarrollo y calidad de vida de la niñez (en este caso, la primera infancia) en todo el territorio nacional.
El producto final consiste en un sistema de información con una arquitectura flexible, de tipo modular, que permita no solo recibir eventuales mejoras en las variables e indicadores elaborados, sino también incorporar en un futuro, por ejemplo, información sobre el estado nutricional de los niños, y sobre su desarrollo (dimensiones muy relevantes que específicamente demanda la Ley N° 26.233) u otras variables que resulten de interés para los organismos responsables de la política de primera infancia.
Conocer las condiciones básicas en las que se brindan servicios de desarrollo integral, educación y cuidado por parte de instituciones públicas o privadas a niñas y niños pequeños es una necesidad esencial de protección de sus derechos. Por ello, se espera que el SIM-CDI se convierta en una herramienta que pueda ser adoptada por las provincias y los municipios para que se registren todos los centros que brindan servicios de educación y cuidado de niños y niñas del país, que tengan entre 45 días y 5 años, independientemente de si son públicos, comunitarios o privados y de qué organismo a nivel jurisdiccional los gestiona.
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